La Corte Suprema de Justicia de la Nación reabrió la causa por presunta corrupción en la concesión del espacio radioeléctrico a la francesa Thales Spectrum, en las postrimerías del gobierno de Carlos Menem.
El máximo tribunal del país revocó los sobreseimientos que habían desvinculado de la investigación al ex secretario de Comunicaciones Germán Kammerath, al subsecretario Alejandro Cima, al ex presidente de la Comisión Nacional de Comunicaciones Roberto Catalán, a los ex vices Roberto Uanini y Hugo Jorge Zothner, al ex interventor de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Alberto Gabrielli, y a Patricio Feune de Colombi, Matías Bourdieu y Luis Romero, ex miembros de la comisión.
La medida también abarca a Pablo Francisco Arancedo, ex director de Asuntos Jurídicos de la CNC; al abogado administrativista Juan Carlos Cassagne, presidente de la filial argentina de Thales, y Jorge Justo Neuss, titular de la empresa y asiduo compañero de golf de Menem.
Todos habían sido sobreseídos en 2011 por un polémico fallo dividido de la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal, argumentando que no estaba acreditada la configuración de la maniobra defraudatoria contra la administración pública.
Con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, el máximo tribunal de la Nación retrotrajo la causa al momento en que los procesamientos habían sido confirmados por la Cámara Federal, es decir a la antesala de la elevación del expediente a juicio oral y público.
Si bien el fallo de la Corte no alude a Menem, quien también había sido sobreseído por la Casación, sus alcances se proyectan sobre el ex presidente y el resto de los involucrados en la investigación.
En la causa se investigan supuestas irregularidades que habrían tenido lugar en el proceso de licitación y ejecución del contrato de concesión, desde 1998 en adelante, que –según se desprende de la causa- facilitó a Thales una rentabilidad neta superior al 150% y habría causado al erario un perjuicio de más de 320 millones de pesos, equivalentes a dólares en la época.
La Corte consideró que la intervención de la Casación, el máximo tribunal penal del país, en la revisión de los procesamiento no estaba justificada y, además, las medidas que beneficiaban a los imputados debían quedar sin efecto porque habían sido dictados mediando una “valoración arbitraria y parcial de las pruebas reunidas en el expediente”.
La licitación de Thales Spectrum fue la primera que anuló el gobierno de Néstor Kirchner a poco de asumir el poder, en 2003
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